De las distintas propuestas, destaca en la información pública la inexplicable voluntad de eliminar los títulos de 180 ECTS, claramente mayoritarios en el resto de Europa. Este no es un tema menor y puede generar conflictos, ya que imposibilita que las universidades impartan grados interuniversitarios con centros de Bélgica, Finlandia, Francia o Suiza, tal como impulsa la Unión Europea mediante la Iniciativa Universidades Europeas, que prevé títulos de 3 años de duración. En el Espacio Europeo de Educación Superior conviven mayoritariamente grados de 3 y 4 años, y únicamente están restringidos a 4 años en 10 estados: Albania, Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Georgia, Grecia, Kazajistán, Rusia y Turquía.
A nuestro entender no tiene ningún sentido regular la duración de los títulos, ya que su diseño es una cuestión puramente académica. Las universidades deben tener libertad para organizar las enseñanzas y, como en el resto de Europa, permitir que las agencias de calidad las acrediten por los resultados obtenidos.
Ahora bien, más allá de este aspecto —que, seguro, seguirá siendo muy polémico—, todas las alarmas se disparan cuando se analizan en profundidad los diez artículos vinculados a la evaluación de la calidad. Destacaré únicamente tres aspectos generales, sin entrar en más detalle:
- Alineamiento con los estándares europeos. Aunque se anuncie en los preámbulos, está claro que esta regulación no se alinea en absoluto con lo que se está llevando a cabo en toda Europa. No solo en referencia a la duración de los títulos, sino, por ejemplo, al comprobar que estos no se articulan teniendo presentes los conocimientos, habilidades y competencias, como sí lo hacen todos los marcos de calificación del mundo. Tampoco se articulan los nuevos títulos a partir de los resultados de aprendizaje (learning outocomes) como también se hace en el resto del mundo. Al contrario, se consolida la diferenciación de competencias (específicas, transversales, etc.), un aspecto que, disculpen si es por ignorancia, creo que no existe en ningún otro lugar. De hecho, desde AQU Catalunya, en todos los proyectos internacionales en los que participamos siempre tenemos problemas constantes para alinear nuestros referentes con los del resto de estados. En tres palabras: «no nos entienden», y, al parecer, consolidaremos esta situación.
- Seguimiento de las titulaciones. Parece ser que el seguimiento de las titulaciones y su posterior evaluación por parte de las agencias tendrá carácter obligatorio y será anual. No solo es obvio que la carga de trabajo es inasumible para las agencias de calidad y las universidades, también es obvio que se trata de un sinsentido. A AQU Catalunya le supondrá evaluar 1.500 informes más al año, una locura que difícilmente mejorará la calidad de nada. El seguimiento de las titulaciones debe formar parte del sistema interno de calidad de cada centro docente, y debe organizarse como lo considere oportuno cada centro. Las agencias externas no deben intervenir, y menos anualmente y para cada titulación.
- Ámbitos de conocimiento. Se define un nuevo conjunto de ámbitos de conocimiento a los que deberán adaptarse los títulos. Estos ámbitos incluirán un conjunto de competencias básicas que habrá que cumplir. Hablamos, por ejemplo, de «Química» o de «Ciencias de la Tierra». Además de que esto implicará modificar todos los títulos de grado y máster en Cataluña, más de 1.000, lo más relevante es la vuelta a una especie de catálogo de titulaciones. Una tendencia absolutamente contraria a la del Espacio Europeo de Educación Superior, donde se deja libertad a las universidades para organizar sus estudios siempre que sean acreditados posteriormente por agencias externas de calidad reconocidas.
Además de estas cuestiones relevantes, la propuesta de real decreto incluye nuevos procesos, como informes de los gobiernos autonómicos o nuevos procesos de modificación de titulaciones, entre otros, que incrementan la complejidad de los procesos de evaluación de la calidad. Aunque el objetivo teórico del decreto sea disminuir la burocracia, no hay duda de que los borradores a los que hemos tenido acceso, teniendo presente lo que comentaba anteriormente, hacen todo lo contrario.
Desde AQU Catalunya, mediante todos los instrumentos y canales, hemos transmitido nuestra opinión sobre los distintos borradores de real decreto. Está claro que no hemos tenido éxito, ya que cada nueva versión añadía más complejidad, burocracia sin valor y rigidez al sistema.
Como recientemente explicábamos en un artículo el presidente y yo mismo, nuestra propuesta de regulación va en la línea de depositar confianza en las universidades y en las agencias de calidad, tener respeto por la autonomía de las universidades, regular lo mínimo imprescindible (basta con fijarse en algunos de los mejores sistemas universitarios europeos, como el danés o el holandés, y adaptarlos aquí) e introducir robustos mecanismos de rendición de cuentas. Debemos apostar por Europa, debemos apostar por la simplicidad, por la eficiencia y la eficacia de las actuaciones. No se debe sembrar burocracia estéril en nombre de la calidad, porque consume muchos recursos que no tenemos y solo produce desánimo.
Desde AQU Catalunya haremos todo lo posible para mejorar este decreto, para hacer oír nuestra opinión, que es la que se comparte en Europa, porque sin duda no nos podemos conformar diciendo: «Nosotros ya lo habíamos dicho».