Para lograr este objetivo, era también necesario que la armonización fuera acompañada de una mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en este nivel. Algunos de los países de la Unión Europea iniciaron planes experimentales para adquirir experiencia en la evaluación de la calidad de sus respectivos sistemas universitarios. España lo hizo con la aprobación, en 1992, por parte del Consejo de Universidades, del Programa experimental de evaluación de la calidad del sistema universitario y, posteriormente, con el Plan nacional de evaluación de la calidad de las universidades. Posteriormente, en 1994, la Unión Europea inició un proyecto piloto europeo de evaluación de la calidad de la educación superior. Todo indicaba, en aquellos momentos, que pronto las autoridades políticas adoptarían medidas significativas para remodelar sus sistemas universitarios.
En Cataluña, la Generalitat era consciente de este proceso y de la amenaza que suponía para las competencias recientemente transferidas por el Estado, así como para la adecuada gestión y configuración del sistema universitario catalán. El presidente Pujol, con el asesoramiento de dos altos cargos —los profesores Albaigés y Grifoll—, se anticipó a los hechos, y en 1996 promulgó un decreto que creaba, con la vestimenta jurídica de consorcio, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. Había sido difícil superar las reticencias a integrarse a la Agencia de algunas universidades públicas catalanas, celosas de su autonomía, pero finalmente la acogieron. El presidente Pujol me confió la presidencia del nuevo ente y se constituyeron los órganos de gobierno. Ahora me corresponde el papel de cronista de un viaje coral que ha ido avanzando a partir de una decisión política, pero sin una clara definición del trayecto que debía seguir.
AQU Catalunya fue una innovación en el panorama europeo. No había antecedentes de colaboración entre universidades y órganos externos de supervisión. Afortunadamente, hubo tres personas que tuvieron un papel esencial en la definición y ejecución de sus funciones. Aunque David Serrat fue el primero en ocupar el cargo de director, pronto fue llamado a nuevos destinos, y la profesora Gemma Rauret —que en ocasiones anteriores había mostrado su interés en evaluar la calidad de las actividades universitarias y había participado en numerosos proyectos europeos— tomó el relevo de la dirección, muy bien apoyada por el profesor Sebastián Rodríguez, uno de los pocos expertos reconocidos en la materia, y por Joan Bravo, con experiencia en el tratamiento de datos estadísticos y con mano izquierda para mantener la armonía interna y externa.
Muy pronto, ante el exitoso ejemplo de AQU Catalunya, surgieron otras iniciativas en el ámbito estatal. En 2001, la nueva LOU encargó la creación de una fundación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), lo que se ejecutó un año después. Por otra parte, algunas comunidades autónomas (Andalucía, Galicia, Castilla y León, e Islas Baleares) siguieron el modelo catalán. Como era previsible, de vez en cuando surgían discusiones sobre el reparto de competencias entre las entidades autonómicas y ANECA, especialmente cuando al frente de esta institución se colocó a personas de marcada ideología.
Sin embargo, hay dos hechos que, a pesar de los obstáculos, demuestran que la Agencia catalana cumplía con eficacia su misión y era pionera en el panorama hispánico. En 2008, ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education), después de un estricto proceso de evaluación internacional, admitió como miembros de pleno derecho a ANECA y a AQU Catalunya, que a continuación fueron inscritas en EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education). Solo en raras ocasiones ENQA ha admitido a una agencia que no fuera estatal. El segundo hecho es la oferta recibida por la profesora Rauret, en 2006, de asumir la dirección de ANECA. Tras sopesar pros y contras, la oferta fue aceptada con la esperanza de abrir vías de relación fructífera entre las dos entidades a las que afectaba su respuesta.
La suerte fue contar con un sucesor, Javier Bará, catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya, que había demostrado su capacidad de innovación en el ámbito pedagógico en nuevos centros de El Baix Llobregat con un éxito considerable. La transición fue ejemplar, y el nuevo director siguió contando con la valiosa colaboración de dos pilares como Sebastián Rodríguez y Joan Bravo. Y todo esto a pesar de que el panorama se había oscurecido por la entrada en vigor, en 2007, de la LOMLOU y el posterior Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que otorgaba a ANECA la competencia exclusiva para desarrollar el proceso inicial de acreditación ex ante de un proceso formativo.
Las tensiones generadas por estas normas, al arrinconar a las agencias de ámbito no estatal, se vieron suavizadas gracias a una modificación, en 2010, del Real Decreto 1393/2007, que abría las puertas a los gobiernos autonómicos —mediante los órganos de evaluación que ellos mismos determinaran, es decir, en la mayoría de los casos, sus agencias— a trabajar conjuntamente con ANECA para elaborar los protocolos de evaluación necesarios para la verificación y acreditación de acuerdo con estándares internacionales. Sin embargo, se establecía que solo podían participar en esta acción conjunta las entidades que cumplieran dos condiciones: haber sido aceptadas por ENQA como miembros, y estar inscritas en el EQAR (Registro Europeo de Agencias de Calidad Universitaria), condiciones reunidas por AQU Catalunya.
¿Cuáles son los motivos de esta trayectoria positiva de una aventura pionera en el panorama español, pese a no tener siempre el viento a favor? Tres son las causas fundamentales, aunque no únicas. La primera es haber mantenido siempre una estrecha colaboración con las universidades a través de comisiones mixtas, para la evaluación tanto de los estudios como del profesorado, en las que siempre se ha buscado el consenso antes de emprender cualquier iniciativa, siendo fieles al principio «Antes de aplicar, consensuar y formar». Para hacerlo posible, las universidades —además de la participación de sus rectores y presidentes en el Consejo de Dirección de la Agencia— crearon vicerrectorados y unidades técnicas dedicadas a la evaluación para la mejora de la calidad.
La segunda causa es haber mantenido estrechos contactos con entidades de países extranjeros, también interesados en mejorar la calidad de sus respectivos sistemas universitarios, con el fin de aprender de sus experiencias y, a cambio, con toda modestia, hacerlos partícipes de la nuestra. En muchas ocasiones, en las reuniones de las comisiones formadas dentro de AQU Catalunya se sentaron uno o más especialistas extranjeros. Y, a su vez, nuestros técnicos se trasladaron con frecuencia —e incluso a veces haciendo largas estancias— a entidades equivalentes situadas fuera de nuestras fronteras para perfeccionar su formación. Sin duda, este hecho contribuyó al elevado nivel técnico del personal de la Agencia.
Y la tercera fue desplegar un sistema interno pionero de evaluación de la calidad, que obligó también a la Agencia a mejorar continuamente sus acciones y su rendición de cuentas.
Gracias a la tenacidad de Joan Bravo, uno de los instrumentos que, de forma silenciosa, ha tenido y tiene un papel muy positivo en esta carrera permanente en busca de la calidad ha sido UNEIX, que hoy constituye una base de datos muy fiable y con resultados comparables sobre el rendimiento del sistema universitario catalán. Esta homogeneización y depuración de bases de datos, que años atrás no era posible, dado que cada universidad lo hacía por su cuenta, permite disponer de diagnósticos precisos y, por tanto, contar también con intervenciones adecuadas sobre los problemas detectados. La transparencia, una condición exigible a cualquier organismo público, es ahora motivo de elogio por sus efectos beneficiosos para la toma de decisiones de las propias autoridades universitarias y para llevar a cabo operaciones de benchmarking ante la administración que distribuye los recursos entre las distintas universidades, así como para informar a los estudiantes y al público en general.
Visto en perspectiva, puede afirmarse que la decisión de las autoridades políticas catalanas de anticiparse a la evolución que se divisaba, tanto en la universidad europea como en la española, al crear un instrumento singular para la mejora de su sistema universitario, fue un acierto. Pese a algún error, el balance de su actividad es claramente positivo. Los que, desde uno u otro cargo, hemos participado en la puesta en marcha de la entidad nos sentimos razonablemente satisfechos. Vemos que los que nos han sucedido han seguido un camino positivo, a pesar de las dificultades que han supuesto la crisis financiera y posteriormente la pandemia. Y deseamos, esperanzados, que en el futuro el éxito acompañe a las personas que tengan las riendas de su gobierno. Hoy más que nunca, Cataluña necesita un sistema universitario eficaz y de máxima calidad. AQU Catalunya puede ser determinante para alcanzar este objetivo.