Me incorporo a AQU Catalunya en momentos de cambios, protagonizados por dos nuevas leyes: la LOSU, en proceso de aprobación en las Cortes, y la Ley de la ciencia de Cataluña, ya en vigor. Dos leyes muy distintas en alcance, pero sobre todo en concepto. La LOSU representa, al menos en la versión aprobada por el Congreso de los Diputados, una amenaza potencial para el trabajo de todas las agencias de calidad. No es este un espacio suficiente para un análisis de la LOSU y me quedo solo con lo que podría significar lo que se dice en el apartado 2 del artículo 5.º: «El aseguramiento de la calidad se hará efectivo en las condiciones y mediante los procedimientos de evaluación, certificación y acreditación que establezca el Gobierno». Representa una concepción equivocada, meramente instrumental, del papel de las agencias de calidad, incompatible con una verdadera asunción del Espacio Europeo de Educación Superior. Un espacio que reúne a miles de instituciones, cientos de miles de titulaciones, millones de profesores y decenas de millones de estudiantes descansa indefectiblemente en la confianza en el papel de unas agencias de aseguramiento de la calidad sometidas, ellas mismas, a esquemas rigurosos de acreditación y reconocimiento internacional. Es preocupante que se mantenga una visión estatal de la definición de los procedimientos de aseguramiento de la calidad, que se extiende a una ineficiente y centralizadora relación entre agencias autonómicas y estatal.
En cambio, la Ley de la ciencia de Cataluña confía plenamente en AQU Catalunya con un nuevo encargo muy sensible: el de la evaluación de departamentos, centros de investigación universitarios y centros adscritos, como unidades básicas que son de la infraestructura de investigación de Cataluña.
Representa todo un reto, también para la Administración, que por ese camino podrá activar el tronco de financiación basal de la investigación universitaria que propone el Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento. Por paralelismo con otros sistemas universitarios, podría considerarse si este ámbito de la evaluación de la actividad estructural de investigación requeriría una nueva agencia, directamente ligada a la financiación específica. Creo que, hasta que se muestre muy conveniente, es bueno que se confíe en AQU Catalunya para esta nueva función, teniendo en cuenta, además, que ya desarrolla con éxito la evaluación de la actividad de investigación del profesorado. Sin duda, este nuevo encargo pondrá en tensión a AQU Catalunya y, a medida que se desarrolle y se establezca, comportará algún tipo de cambios. En cualquier caso, es un camino que hay que emprender, como otros que AQU Catalunya ha iniciado en el pasado con éxito.
Este año tiene que ser también el año de la consolidación de la acreditación institucional, precisamente el tema que traté en el editorial de 2020. Como ya decía entonces, es necesario asegurarnos de que esta acreditación institucional no se automatiza, no evoluciona hacia un procedimiento mecánico, sino que se erige en un verdadero mecanismo de aseguramiento de la calidad institucional en todas sus dimensiones. No lo conseguiremos en un año; es una tarea muy ambiciosa que se desarrolla en un contexto no favorable, unas universidades que trabajan con un marco legal que no favorece ni permite la plena autonomía. Y, sin plena autonomía, no hay plena responsabilidad. Pero la sociedad catalana, que quiere y debe conseguir ser una sociedad del conocimiento desarrollada, necesita que avancemos, y AQU Catalunya tiene toda la experiencia y el conocimiento para ayudar al sistema universitario a recorrer su parte de camino. Desde la responsabilidad de la Presidencia, pondré todo mi esfuerzo por contribuir a ello.