Publicación trimestral de AQU Catalunya
AQU Catalunya y el sistema universitario catalán deberán hacer frente a las tareas pendientes derivadas de la entrada en vigor de la Ley orgánica del sistema universitario (LOSU) y la Ley de la ciencia.
Termina el curso 2023-2024 y nos deja mucho trabajo pendiente para el próximo, en un momento, además, de cierto impasse social y político que provoca un aumento de la incertidumbre inherente a los procesos de cambio.
En el ámbito catalán, la entrada en vigor, el año pasado, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley de la Ciencia nos auguraba un curso intenso que ha sido, más bien, un periodo de tensa preparación y espera en cuanto a las adaptaciones necesarias que ambas leyes conllevan y de las que ya hablamos extensamente en boletines anteriores.
A escala global —pero con implicaciones locales directas—, el Comunicado de Tirana emitido por los ministros de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), fruto de la Conferencia Ministerial del Espacio Europeo de Educación Superior que tuvo lugar el 29 y el 30 de mayo en Tirana (Albania), representa un buen resumen de los retos más actuales de la educación superior y, en particular, de su aseguramiento de la calidad. Entre los acuerdos y compromisos adoptados, destaco los que afectan al aseguramiento de la calidad en el sistema universitario catalán y que, por tanto, también afectan a AQU Catalunya:
Existen más acuerdos que cubren todos los ámbitos de la política universitaria (este boletín incluye un artículo de Josep Manel Torres que se ocupa de ello con más detalle), pero los señalados son los que implican acciones de aseguramiento de la calidad y son suficientes para mostrar hacia dónde evoluciona el EEES: una preparación para una mayor globalización de la educación superior, que hace necesario extender la idea de armonización europea en todo el mundo; una mayor flexibilización en enseñanza y aprendizaje, tanto en estructura de titulaciones como en metodologías formativas, así como en diversidad de proveedores. Los retos para las agencias de calidad están servidos y la necesidad de armonización global dará protagonismo a las estructuras de coordinación entre iguales. En el caso de las agencias de aseguramiento de la calidad, la única institución de carácter global y que debería asumir la responsabilidad es INQAAHE, la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, que precisamente tiene su sede y secretariado en AQU Catalunya.
En este exigente marco global, AQU Catalunya y el sistema universitario catalán también deberán hacer frente a las tareas pendientes derivadas de la entrada en vigor de las leyes mencionadas más arriba. De forma inmediata, habrá que activar las modificaciones necesarias en los criterios de acreditación de profesorado para las figuras propias de profesorado contratado permanente en Cataluña: agregado y catedrático. Por ahora, la comisión de AQU Catalunya definida por ley como competente, la Comisión de Acreditación de la Investigación, y sus comisiones específicas están trabajando en la adaptación de los criterios para hacer compatible lo que establecen la LOSU y la Ley de Universidades de Cataluña, también vigente. Esperamos que los resultados de este trabajo se hagan efectivos a partir del primero de enero del año que viene.
En otra dimensión, se está revisando el documento que rige el Marco para la verificación, seguimiento, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales (MVSMA) para todos los títulos universitarios oficiales (grado, máster y doctorado). En el marco global mencionado, esta revisión es muy oportuna y servirá, además, para reforzar el proceso de acreditación institucional, mecanismo indispensable para incrementar e interiorizar la cultura del aseguramiento de la calidad en las instituciones y, al mismo tiempo, simplificar los procesos de acreditación.
Por último, durante este curso no se han hecho los avances esperados en lo que se refiere a una de las principales implicaciones de la Ley de la Ciencia: el establecimiento de un mecanismo estable de evaluación de la actividad de investigación en departamentos universitarios y unidades análogas. Es necesaria todavía una definición clara y explícita de su función y de su alcance, que óptimamente debería producirse en el seno de la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña, como un acuerdo de sistema, entre universidades y gobierno, que le diera una visión de futuro, de cambio y de mejora del sistema al que invitan la propia Ley de la Ciencia y el Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento. Sin embargo, el trabajo no se ha interrumpido y esperamos que el año que viene pueda concretarse la prueba piloto que está planteada y que debería implicar, como mínimo, un departamento o una unidad de cada una de las universidades catalanas.
Enhorabuena a todo el sistema universitario por haber completado un curso muy exigente con buenos resultados e indicadores de eficacia y eficiencia, y los mejores deseos para el próximo curso, que, como hemos visto, será todavía más exigente.