AQU Catalunya, una de las primeras agencias de calidad que se establecieron en Europa, constituyó, en 1996 —momento de su fundación—, una iniciativa extremadamente innovadora; un orgullo para Cataluña. En su treinta aniversario, es imprescindible empezar felicitando a los que tuvieron la visión y la energía para impulsarla. Y para hacerlo tan bien. Lo sintetizo con un pensamiento para Josep Grifoll Saurí, quien nos dejó muy joven.
A continuación, ofrezco tres comentarios sobre por qué y cómo la Ley de Universidades de Cataluña (LUC), aprobada en 2003, concibió AQU Catalunya como una pieza central de la arquitectura universitaria catalana.
En primer lugar, en aquellos tiempos —ya pasados siete años desde la creación de AQU Catalunya—, la idea de que la calidad universitaria —sobre todo en relación con el qué y el cómo de la formación impartida— necesitaba una dedicación permanente y colectiva de los agentes del sistema ya era algo bien compartido entre nosotros. Además, era necesario hacerlo de forma eficiente y respetando la autonomía universitaria. Afortunadamente, no necesitábamos inventar nada: con AQU Catalunya ya contábamos con una institución —un consorcio— con experiencia y con la participación de todas las universidades y de la Generalitat. Asimismo, el hecho de contar con la Agencia nos permitió aprovechar bien las nuevas posibilidades que ofrecía la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada un año antes que la LUC. En efecto, la LOU abrió la estructura de titulaciones de las universidades al pasar de un modelo de catálogo —el Ministerio establece un conjunto de titulaciones y define su contenido— a un modelo de registro, en el que son las universidades las que definen las titulaciones. Fue un cambio trascendente, porque promovió la innovación y el ejercicio de la autonomía. A AQU Catalunya le vino mucho trabajo encima. Para mí, todo esto —que es permanente— tiene mucho más valor que el inconveniente que puede suponer cierto grado de confusión en la multiplicación de las puertas de entrada a la universidad (los grados). Estoy seguro de que esto evolucionará en la buena dirección, entre otras razones porque tenemos en AQU Catalunya una agencia perfectamente preparada para trabajos complejos.
En segundo lugar, la LOU creó la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), pero admitió agencias autonómicas. Es dudoso que esto hubiera ocurrido si no hubiera sido porque AQU Catalunya ya tenía seis años, había sido pionera en Europa y estaba muy bien conectada —fundadora de la European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA, en 2000— con las demás agencias tempranas de diferentes estados y regiones europeas (los flamencos también las tenían). Así pues, era evidente que necesitábamos reforzar AQU Catalunya incluyendo en la LUC su institucionalización y la definición de su misión. Y así es como la Agencia pasó de consorcio a entidad de derecho público de la Generalitat. O lo hacíamos de esta forma o AQU Catalunya se habría colocado en situación de desventaja en relación con la ANECA, y también en lo que se refiere a la interlocución con sus paralelos europeos.
Y en tercer lugar, la LOU también supuso un paso adelante en el desmontaje del sistema clásico de oposiciones, incluidas las pruebas en Madrid. Se trataba de una herencia de cuando el sistema universitario español fue concebido a partir de cuerpos de funcionarios definidos por profesiones (las togas tenían colores por profesiones, no por universidades). El cuerpo de funcionarios al que pertenecía el profesor era más importante que la universidad en la que ejercía. Y, en contradicción con el principio de autonomía universitaria, la selección de profesores la hacía el cuerpo, no la universidad. Sin embargo, la LOU quiso mantener un residuo de este hecho, un testimonio de lo que había sido, en la forma de los requisitos de acreditación del profesorado. De este modo, y encargada esta labor a la ANECA, volvía a ser evidente la conveniencia de que esta tarea también pudiera llevarse a cabo desde las autonomías. Nos lo planteamos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era realista establecer una agencia de acreditación del profesorado, y asignamos esta función a AQU Catalunya.
Siempre he pensado que la función de acreditación de titulaciones y de evaluación de currículos individuales no generan sinergias entre sí, y sería mejor que AQU Catalunya pudiera concentrarse en la primera. Sin embargo, tengo que confesar que esta opinión está condicionada por una reserva más profunda: no creo que la acreditación externa del profesorado sea apropiada, porque entra en conflicto con el valor superior de la autonomía universitaria. En mi opinión, en relación con la selección del profesorado, un buen sistema universitario tiene que recoger, por un lado, la responsabilidad exclusiva de las universidades en la selección del profesorado, y, por otro lado, un buen sistema de incentivos que las lleven a optar por la calidad.
¡Mis mejores deseos para los próximos treinta años!
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