La Generalitat de Catalunya recibió, en 1985, la transferencia de las competencias universitarias. Los años que van de 1986 a 1992 pueden considerarse un periodo de definición del mapa universitario catalán, con la creación de nuevas universidades, nuevos edificios y nuevos campus. Desplegado el mapa universitario, desde el Govern existía la percepción de que era necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas para hacer más transparente la relación entre la Administración y las universidades, y para garantizar que sus servicios satisficieran los niveles de calidad exigibles, en el marco de los nuevos retos a los que debía enfrentarse el sistema universitario catalán.
Por este motivo, en una segunda etapa, de 1993 a 1998, el Gobierno empezó a implementar nuevos instrumentos de programación académica y financiera, y de mejora de la información disponible. Por un lado, con la formulación de los contratos-programa, que debían permitir introducir los principios de objetividad y transparencia en el sistema; por otro lado, con la creación de la base de datos interuniversitaria, que debía permitir analizarlo con rigor y ayudar a la toma de decisiones. Posteriormente, esta base de datos se convertiría en el sistema de información UNEIX.
Desde el Govern existía la percepción de que era necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas para hacer más transparente la relación entre la Administración y las universidades, y para garantizar que sus servicios satisficieran los niveles de calidad exigibles
Al mismo tiempo, la Unión Europea había iniciado un plan experimental de evaluación de la calidad universitaria, en el que España participaba a través de los estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada y la Universidad Carlos III de Madrid. La metodología diseñada era participativa y requería la elaboración de un informe interno de diagnóstico que recopilaba la opinión de docentes, alumnado, personal de administración y servicios, y cargos académicos con un anexo de estadísticas sobre la situación del estudio. Este informe era evaluado por una comisión externa a la universidad que elaboraba, a su vez, un informe final y unas propuestas de mejora.
La voluntad de extender este proceso de evaluación a las universidades catalanas y, al mismo tiempo, de evitar entrar en un conflicto de competencias con el Ministerio de Educación y Cultura, que pretendía liderarlo para todas las universidades españolas, nos llevó a proponer la creación de AQU Catalunya, que sería la primera agencia del Estado, en línea con las existentes en otros países, si bien con una característica específica: que fuera participativa y un instrumento de reflexión y diálogo entre la Administración, la universidad y la sociedad. Sus objetivos fundamentales eran la mejora interna de la actividad docente, investigadora y de gestión, la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad, así como el intercambio de experiencias entre las universidades, tanto en Cataluña como a escala internacional. La propuesta tuvo una buena acogida y con esta finalidad se aprobó el decreto de creación, el 20 de febrero de 1996. Se constituyó un Consejo de Dirección, integrado por los rectores y presidentes de los consejos sociales de las universidades públicas y los directores generales de Universidades y de Investigación, es decir, con clara mayoría de las universidades. Más adelante se integrarían las universidades privadas.
La voluntad de extender este proceso de evaluación a las universidades catalanas y, al mismo tiempo, de evitar entrar en un conflicto de competencias con el Ministerio de Educación y Cultura, que pretendía liderarlo para todas las universidades españolas, nos llevó a proponer la creación de AQU Catalunya
Este proceso fue posible gracias a una amplia diversidad de personas, entre las que nos parece necesario destacar al presidente Pujol, que desde el primer momento apoyó la creación de una agencia que compartiera los esfuerzos por la mejora de la calidad de las universidades. El anuncio lo hizo él mismo en la inauguración del curso universitario 1995-1996 en la UPC, y lo llevó al debate de política general del Parlamento de ese curso. Cabe mencionar también al Dr. Serra Ramoneda, quien fue presidente del Consejo de Dirección desde que se creó la Agencia y articuló la cooperación y los consensos necesarios; el Dr. Josep Grifoll, gerente del Comisionado de Universidades e Investigación, y la Sra. Roser Martí, directora de la asesoría jurídica, que con sus experiencias de gestión ofrecieron asesoramiento y dieron forma jurídica a los objetivos planteados. También es necesario mencionar al Dr. Sebastián Rodríguez, quien aportó rigor metodológico a los procesos de evaluación, y al Dr. David Serrat y la Dra. Gemma Rauret, que fueron los primeros directores de la Agencia e impulsaron la consecución de los objetivos marcados.
Desde la perspectiva actual, es agradable constatar que los criterios iniciales de participación, rigor metodológico, fiabilidad de los datos, cooperación internacional y transparencia se han mantenido, fortalecidos y enriquecidos por el trabajo colectivo llevado a cabo a lo largo de estos treinta años.
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