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Enero 2012

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EDITORIAL

En 2012, más autonomía a las agencias para simplificar los procesos de evaluación

Josep Anton Ferré Vidal - Director

Las dificultades de las finanzas públicas que tantos titulares han generado a finales de 2011 también son las dificultades de las universidades y de AQU Catalunya. No es pertinente en el editorial del boletín de la agencia catalana realizar el análisis de sus causas, de las posibles soluciones a la crisis económica o de sus consecuencias por la reducción de gasto de los organismos públicos. Pero, en cambio, sí me gustaría apuntar algunas de las reflexiones que habían quedado ocultas bajo la capa del continuo crecimiento del sistema universitario, que en 2011 ha rememorado la creación, hace ahora veinte años, de cuatro universidades: tres públicas, la UdG, la UdL y la URV, y una privada, la URL. Felicitaciones a las cuatro y reflexiones compartidas con todas acerca de dos aspectos importantes que deberemos encarar en 2012.

La primera, sobre los recursos disponibles para la educación superior. Los recursos que dinamizan el sistema de educación superior no son sólo los económicos, sino también los legislativos, des de los que afectan a la gobernanza de las instituciones hasta los que regulan muchas de sus actividades cotidianas. Ahora que hay que dedicar esfuerzos para hacer más con menos, debe reconocerse que ciertas reglas del juego, elaboradas por quienes reglamentan con el BOE en la mano pero no financian (universidades es una competencia transferida), son la antítesis de la eficiencia. No pongo en duda que hay que verificar, que hay que hacer el seguimiento y que hay que acreditar periódicamente las titulaciones que imparten las universidades. Pero, ¿es necesario hacerlo como lo hacemos ahora o lo podríamos simplificar y focalizar en los aspectos más críticos? El Real Decreto 861/2010, que modificaba el 1393/2007, al mismo tiempo que abría la puerta a AQU Catalunya para participar en todo el ciclo y le permitía diseñar el Marco VSMA, sirvió también de excusa al Ministerio para crear un circuito de verificación de los grados y másteres que nos puede acabar devorando como si fuéramos uno de los hijos del Saturno pintado por Goya. Y en el caso de los doctorados todavía es peor. El Real Decreto 99/2011 no sólo especifica el marco legal (quién puede acceder al doctorado, su duración, quién puede dirigir tesis, etc.), las dimensiones de la memoria (el anexo I) y las evidencias que deben aportarse para poder evaluar cada una de estas dimensiones (el aplicativo informático de verificación que ha hecho el Ministerio), como en el caso de los grados y másteres, sino que además ¡establece los criterios de valoración (el anexo II)! ¿Qué hemos podido aportar las agencias en este proceso? Nada de nada. En nombre de AQU Catalunya no puedo responder a la pregunta: "Y toda la información que entramos para pedir las menciones de excelencia, ¿podrá ahora recuperarse para incorporarla a la verificación del doctorado?" Siento vergüenza cuando me imagino la respuesta.

La segunda reflexión. Con todo esto, corremos el riesgo de olvidarnos de que no hemos recorrido ni la mitad del camino de lo que las universidades y agencias europeas entienden por acreditación. Para decirlo lisa y llanamente, nadie se creerá que "acreditamos" nuestras titulaciones si no somos capaces de realizar de forma regular y periódica evaluaciones externas. En el modelo integrado del Marco VSMA que ahora hace poco más de un año difundíamos por las universidades, decíamos que las evaluaciones externas las pensábamos organizar no título por título para cada uno de los más de 900 grados y másteres, sino agrupando todos los títulos que se ofrecen desde un centro (facultades, escuelas, escuelas de doctorado, etc.). Los motivos, decíamos, eran darles una dimensión abarcable: en Cataluña existen unos 150 centros, que, repartidos en un ciclo de 6 años, dan un resultado de unas 25 evaluaciones por año. Pero también decíamos que queríamos hacerlo así para crear una dimensión que ahora no existe en el proceso de verificación: explicitar el mapa de títulos que ofrece cada uno de los centros, analizar las interacciones entre grado, máster y doctorado, así como ayudar a construir el mapa de títulos de cada universidad.

A principios de 2012 y con más de 200 propuestas de verificación sobre la mesa (30 nuevas y el resto reverificaciones), se nos hace completamente evidente la insostenibilidad a largo plazo de un proceso tan focalizado en la evaluación de los programas que parece que está diseñado especialmente para agotar los recursos e impedir evaluaciones de tipo más institucional. Y entre un extremo (la acreditación programa por programa) y otro (la acreditación sólo de las instituciones) tiene que existir un punto de equilibrio, al que podríamos llegar más rápidamente si, para alcanzarlo, no fuera necesario modificar ningún decreto de aquellos que pesan como una losa. Ahora entiendo mejor algo que me dijeron hace tiempo en la Universidad de Cambridge, cuando yo explicaba que, para reformar los viejos títulos de las universidades, esperábamos que la LRU diera a luz las que a partir de 1990 fueron las "directrices generales propias" de los títulos universitarios que han estado impartiéndose hasta la aparición de los nuevos grados adaptados al EEES: "La mejor regulación universitaria es la que no está escrita [...] porque tampoco está escrita la investigación que debemos realizar y, en cambio, la realizamos, ¡y la realizamos bien!" Universidades, decretos y agencias son difíciles de digerir. Hemos llegado a un punto donde debe reconocerse no sólo la autonomía de las universidades, sino también la de las agencias para llevar a cabo su trabajo y para innovar en la gestión de la calidad.

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