Estas tres tareas no son independientes, motivo por el cual los procesos evaluativos deberían plantearse teniendo en cuenta la conexión entre estas funciones y no deberían centrarse únicamente en la investigación o en las publicaciones científicas en revistas indexadas, sino que deberían considerar también las competencias docentes y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes, ya que las universidades se crearon con este objetivo. Sin embargo, la calidad de la actividad investigadora del profesorado universitario se ha potenciado con creces durante los últimos años, y la promoción del profesorado universitario depende sobre todo de este elemento, relegando a un segundo término la función docente, lo que la conduce a su devaluación.
Quizás el problema radica en que la evaluación de la docencia se juzga de manera distinta por parte de los diversos agentes involucrados: el profesorado, el alumnado y las autoridades académicas. La mayoría del alumnado no la considera útil, de ahí la baja participación a la hora de responder a las encuestas, lo que pone en duda su validez. Únicamente una minoría del profesorado la percibe eficaz, no solo en lo que respecta a los incentivos que obtiene de ella, sino también por que conlleva una reflexión sobre su docencia. La mayoría cree que no sirve de mucho y que implica demasiada burocracia. El profesorado debe escribir un autoinforme a partir de la reflexión sobre su práctica docente orientada a la mejora. Por ahora se trata de una tarea voluntaria, y se constata también su baja participación, lo que debe hacer replantearnos su carácter voluntario; porque, si queremos una docencia de calidad, todo el profesorado debería ser objeto de evaluación, permanente y temporal, independientemente del número de créditos que imparta. Se trata, pues, de una cuestión de deontología profesional y de rendición de cuentas frente a la sociedad. Para rizar el rizo, los responsables académicos, por lo general, tienen una tendencia contrastada a la benevolencia y no utilizan el mecanismo de evaluación de la mejor manera ni para el objetivo previsto.
Fruto de ello, advertimos que las estrategias de evaluación del profesorado en el ámbito docente no gozan de la máxima credibilidad, de modo que habría que hacer una revisión urgente si queremos que sirva para promover la mejora.
En este sentido, se han elaborado los manuales de evaluación docente de las universidades catalanas, instrumentos en los que se concretan la política y los mecanismos de evaluación de la actividad docente del profesorado universitario. AQU Catalunya, mediante la Comisión Específica para la Evaluación de la Actividad Docente y de Gestión (CEAADG), ha renovado la acreditación de los manuales de evaluación docente de todas las universidades públicas catalanas por un periodo de cinco años, hasta 2027. Estos manuales recogen el modelo de evaluación docente y tienen como objetivos crear un marco de referencia para la mejora continua docente del profesorado, facilitar la consecución de los objetivos institucionales e incidir en los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Las universidades catalanas han asumido voluntariamente la elaboración de este documento, que sin duda les sirve para el aseguramiento de la calidad de la institución y que resulta compatible con los mecanismos existentes en cada universidad.
Si bien todas las universidades catalanas están de acuerdo en que deben potenciarse y aplicarse procedimientos de evaluación de la docencia, se topan con algunos problemas para decidir qué modelo y qué procedimientos hay que utilizar. Por ejemplo: 1) plantear la evaluación de la docencia como una cuestión individual de cada docente, sin tener presente que la calidad está en función del ámbito institucional, de la coordinación y acción de todo el equipo de profesorado que coincide en una determinada titulación, o 2) planificar políticas sobre los recursos humanos relativas a los procesos de selección y formación, así como los de evaluación y promoción, entre otros.
En esta dirección, deberíamos señalar, en primer lugar, los principales aspectos que configuran el desarrollo profesional del profesorado, y, en segundo lugar, las instituciones universitarias deberían promulgar políticas claras orientadas a fomentar la selección, formación y evaluación del profesorado universitario con los incentivos pertinentes (sexenios de docencia), a fin de mejorar la calidad de la docencia y otorgarle el prestigio que merece.