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Març 2008

Si tenemos en cuenta que, en el marco de referencia del Espacio europeo de educación superior (EEES), uno de los principios básicos del aseguramiento de la calidad es "el interés de los estudiantes, de los empleadores y de la sociedad en general en una educación superior de buena calidad" y que la educación es el resultado directo de los programas o planes de estudios, parece que la misión principal de una agencia de calidad universitaria habría de ser la evaluación y acreditación de estos programas. Si la formación es buena, todo va bien: all’s well that ends well. Y, en efecto, cuando observamos procesos de acreditación solventes y con una larga experiencia (en este ejemplo, de 75 años), como los que desarrolla ABET en USA, nos encontramos con que su misión es la acreditación de programas de ingeniería. Pero, cuando examinamos los detalles de esta acreditación, encontramos que entre los nueve criterios básicos (objetivos educativos, resultados de la formación, estructura del currículo...) también figuran el profesorado, las instalaciones y la gestión directiva, elementos que asimismo formarían parte de lo que entendemos por una evaluación institucional. Lo mismo sucede, ya más cerca, con el proceso de verificación de las titulaciones universitarias oficiales (RD 1393/2007); también se incluyen el personal académico, los recursos materiales y servicios y el sistema de garantía de calidad.

La propia LOU dice que "las universidades someterán a evaluación y seguimiento el desarrollo efectivo de las enseñanzas oficiales, así como el procedimiento para su acreditación", pero no hace referencia en ningún momento a la evaluación o evaluaciones institucionales; tal vez porque el legislador confía en que la tradicional regulación previa detallada (por ejemplo, de selección del profesorado funcionario) garantiza la calidad institucional. ¡Hipótesis difícil de casar con el concepto de acreditación!

Por otra parte, no sería imaginable una evaluación de un centro (escuela o facultad) que ignorase sus programas formativos. De manera que ambas evaluaciones (institucionales y de programas) no solamente se solapan, sino que cualquiera de ellas adecuadamente realizada hace la otra innecesaria.

Pero las cosas no son tan simples. Volviendo al punto de partida, otro de los principios básicos del aseguramiento de la calidad en el EEES es "la importancia central de la autonomía universitaria y de las pesadas responsabilidades que comporta", junto con el reconocimiento de que "la responsabilidad primaria del aseguramiento de la calidad en la educación superior recae en las propias instituciones, y esto supone la base de la exigibilidad real del sistema académico en el marco de la calidad". Si pasamos por alto el detalle de que en nuestras circunstancias la tan pregonada autonomía universitaria está sofocada por el marco regulador, este principio habría de poner en primer plano la evaluación institucional.

De momento, en el ámbito normativo del Estado español, tanto en lo que se refiere a leyes del Gobierno central como de los autonómicos, estamos en plena fiebre de la evaluación de programas y, más concretamente, en la etapa de la evaluación ex ante o verificación de titulaciones oficiales previa a su autorización, un tema de capital importancia tanto para la Administración que los financia como para las universidades que los despliegan; pero, realmente, de importancia relativa en lo que se refiere a calidad real de la enseñanza, que habría de contrastarse en los procedimientos de seguimiento y acreditación posteriores. Después de todo, una propuesta es una promesa, e incluso las más sinceras promesas con frecuencia naufragan en los escollos de la vida cotidiana.

AQU Catalunya tiene una larga experiencia tanto en lo que se refiere a evaluación institucional como de programas. En el momento presente pensamos que la verificación de programas conducentes a titulaciones oficiales supondrá, una vez superado algún "detalle" que concierne a la Conferencia General de Política Universitaria y/o al Gobierno del Estado, una actividad principal dentro de nuestro plan de actividades para el año 2008. Pero, al mismo tiempo, las conclusiones del proceso de evaluación externa de la Agència realizado el pasado verano nos recomiendan reforzar las evaluaciones institucionales cíclicas, actividad que debería recogerse adecuadamente en el plan estratégico que, en colaboración con la Administración y las universidades, comenzaremos a redactar de forma inmediata. ¡Lástima que no se nos haya permitido participar en las evaluaciones institucionales que las universidades han realizado (o están realizando) bajo la coordinación de la EUA!